La izquierda o el progresismo hoy es víctima de una trampa que lleva a que lo público desaparezca y que aparentemente se siga creyendo que el Estado tiene razón de ser. Como ejemplos cita el de la colaboración entre universidad y empresa, de tal forma que casi se obliga a que la enseñanza se guíe por los mismos objetivos que las empresas. El saber por saber ya no tiene valor, sino que lo que interesa es la utilización de la enseñanza como herramienta del sector privado.Otro ejemplo es el de las ONG, ya que aquí el Estado es el que abadona sus funciones para que los realice una organización privada, eso sí, con fondos públicos.

Seguidamente, Juan Antonio García Amado hace referencia al sorprendente cabio de la iquierda por el que ha pasado a favorecer a los nacionalismos. Era esperable que los progresistas trabajaran para que los ciudadanos tengamos un futuro mejor, pero de repente, lo progresista es hablar la lengua de antes o rescatar tradiciones. ¿Qué a pasado para que este tipo de políticas sean objeto de inversiones públicas?, se pregunta.

A lo que a continuación responde diciendo que así como hay una penetración de lo privado a lo público, también hay una suplantación de lo público por lo colectivo. Actualmente hay entes colectivos titulares de derechos y, en caso de conflicto, estos derechos merecen más protección que los derechos individuales, se protegen más los derechos colectivos que el hecho de que yo pueda ejercer mis derechos en igualdad.

El ponente explica cómo nació el Estado con el objetivo de prestar el servicio de la seguridad, dándole la postestad de ejercer la fuerza, después nació el Estado como Estado de Derecho, en el que los ciudadanos pueden limitar el ejercicio de la fuerza que puede ejercer el Estado, ya que éste está sometido a las leyes, y por último, desde políticas socialistas se llegó a la puesta a disposición de los derechos sociales al servicio de la igualdad de posibilidades. Para él, el momento en el que la izquierda perdió el sentido de lo público fue cuando en el leninismo el Estado no se pone al servicio de la libertad, sino de un ente colectivo (causa proletaria, el pueblo, etc…).

Actualmente, comenta Amado, la discusión política está entre los que están a favor de que no exista casi Estado, y que todo se regule por el mercado, y  los que creen que debe haber más Estado, que son posiciones centradas; liberales y socialdemócratas.Pero también indica que hay un tercer grupo que considera que la esencia de las libertades no está en los individuos, sino en las colectividades. Estos no dicen que tiene que haber menos Estado, sino más, pero para garantizar la pervivencia de las colectividades. Como justificación de esto último, se obliga a los ciudadanos a hablar una lengua en la que no desean expresarse, a rotular su negocio en una lengua determinada, etc.

La crítica viene del hecho de que ese Estado no deja de recaudar, sino que no recauda para hacernos más libres e iguales. En este caso el Estado fomenta la vida virtuosa (indica qué es lo que tenemos que hacer en cada caso), que es lo que hacía antes la religión, en vz de construir una sociedad más libre e igualitaria.

Nieto señala que hay varias fórmulas por las que lo público influye sobre lo privado. Empezando porque las actividades privadas se regulan normativamente, son sometidas a control por las Administraciones Públicas, e incluso la Administración Pública se mete dentro de las organizaciones privadas para controlarlas y predeterminar la libertad de las mismas, señalando sus fines y estableciendo sus medios.

El ponente manifiesta que no para ahí la cosa, sino que en la actualidad se aparta en ocasiones a la organización privada y se imponen medios públicos, eso sí manteniendo la fachada de entidad privada. La organización privada, por tanto, desaparece por expropiación, expoliación o compra de capital.

“Vivimos en un estado predominantemente público -afirma-, la intervención pública no sólo tiene lugar en la economía, sino sobre todos los ámbitos sociales”. El Catedrático de Derecho Administrativo dice que la intervención en la sociedad es cada vez mayor, y que se acabó eso de que los particulares pueden relacionarse a su gusto. La conducta de los particulares está rigurosamente predeterminada y por ejemplo han dejado de ser privadas actividades como fumar, o incluso las relaciones intrafamiliares e intraconyugales.

¿Por qué la invasión de lo público sobre lo privado?

El ponente dice que para algo tendrán que servir los tres millones de funcionarios que tenemos, pero que hay otras explicaciones retóricas como el interés el Estado, el interés del público, el interés público, para proteger a los afectados, etc.

Señala por otra parte que lo privado reacciona no con menos agresividad interviniendo en lo público. Lo más conocido es la privtización de la economía, pero hay otras formas de intervenir en lo público; a través de las consultas populares, participación en órganos consultivos. Nieto destaca de entre todas las medidas de despublificación, la enajenación de bienes púbicos, la externalización de servicios y en definitiva la rendición de la Administración Pública al mercado, entrando incluso en él.

“Ya no sabemos si todo es público o todo es privado. Todo es al tiempo público y privado y cada uno opera con la perspectiva que más le gusta” ha dicho Alejandro Nieto, no sin antes indicar que la ocupación más grave que se hace de lo público es a través de la corrupción. Con la corrupción decisiones formalmente públicas son en la práctica privadas. Además, también destaca el paso constante de lo público a lo privado de ciertas personas, que conlleva que, aprovechandose de esta confusión, siempre estén las mismas personas dirigiéndolo todo.

Desde fuera de España, dice que “da risa” ver como las comunidades autónomas se empeñan por blindar sus competencias. Dice que las autonomías se equivocan de blanco, que es una batalla que no lleva a ningún sitio, porque los propios estados se están quedando sin competencias. Uno de los ejemplos que cita Sosa Wagner es que actualmente los estados miembros de la Unión Europea están dispuestos a que las autoridades europeas echen un vistazo a los presupuestos nacionales antes de que éstos se aprueben en los respectivos parlamentos. Resulta impensable que en España – señala el eurodiputado-  las autonomías acepten presentar sus presupuestos a un organismo de un determinado ministerio.

Francisco Sosa Wagner anuncia que en breve publicará el libro “El Estado sin territorio”, que ha escrito junto a Mercedes Fuertes. Lo que tratan de poner en evidencia con la obra es que las comunidades autónomas y entidades locales han ido comiendo tanto terreno al Estado que prácticamente éste se ha quedado sin “territorio”. Por otra parte, otra de las conclusiones del libro es que tanto PSOE como PP son los que han llevado al Estado al caos absluto. Sosa Wagner asegura que estos dos partidos tienen diferentes discursos dependiendo del lugar en el que se encuentren y como ejemplo señala el del agua o el de la energía nuclear.

Para el eurodiputado, la falta de criterio de las fuerzas políticas mayoritarias es absoluto, no tienen una línea conductora mínimamente coherente, cuando es a ellos a quien hemos confiado la gestión de los servicios públicos. “No tienen ni idea de lo que están hablando, actúan sin ningún criterio político”.

El ponente concluye diciendo que este problema es dificil de solucionar. En primer lugar porque el principio de prevalencia estatal aquí no se aplica, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, y por otra parte porque, si bien no está formulado constitucionalmente, tampoco se da lo que se denomina el principio de lealtad federal o lealtad entre instituciones. Este principio es el “aceite” que permite que las instituciones funcionen. “Cuando no funcionan, hay desbarajuste y despropósito, que es donde nos encontramos” ha dicho.

El Catedrático de Derecho Constitucional dice que, una vez pasados treinta años de la aprobación de la Constitución, el modelo presenta signos evidentes de agotamiento, y además se le pueden achacar los siguentes defectos:

1.- El principio dispositivo y las leyes orgánicas formuladas a la luz del artículo 150.2, dan lugar a un modelo inacabable. La posibilidad de aumentar las competencias autonómicas no tiene fin.

2.- Excesiva rigidez constitucional. El procedimiento para reformar la constitución es extremadamente rígido, a lo que hay que añadir la falta de acuerdo entre las grandes fuerzas políticas de este país.Por otra parte, en su opinión, el Tribunal Constitucional abusa de las sentencias interpretativas, respeta con exceso al legislador, lo que da lugar a que es dificilmente explicable a los alumnos de Derecho el alcance de las instituciones.

3.- El senado carece de sexo discernible.

A lo anterior, Punset añade los defectos del sistema político, es decir, la partitocracia y la oligarquía intrapartidaria,  los privilegios del sistema electoral, y el desarrollo autonómico a través de un procedimiento bilateral caracterizado por el mimetismo.

El profesor se ha pronunciado a favor de federalizar el país, para lo que es indispensable reformar la constitución, empezando por su artículo 168, también el artículo 2 y la forma de estado, y dar un nuevo contenido del artículo 137. Además, resulta necesario la eliminación de las normas constitucionales materialmente transitorias de acceso a los distintos grados de autonomía, fijar una sola lista de competencias, reordenar la cláusula residual del artículo 149.3, y dar una nueva naturaleza a los estatutos de autonomía, convirtiéndolos en normas exclusivamente institucionales.

Según Ramón Punset deberían activarse, por otra parte, los mecanismos intergubernamentales de cooperación: conferencias sectoriales, conferencias de presidentes y los convenios verticales y horizontales, y convertir al Senado en un órgano verdaderamente representativo de las Comunidades Autónomas.

De ser así, se acabarían con desigualdades como las que existen ahora, como es el caso del cupo vasco. Ha recordado, por otra parte, que en España no ha existido, salvo en la dictadura, un estado totalmente centralizado.

Seguidamente ha explicado el origen de los ingresos municipales, aportando el presente gráfico:

Y además ha criticado que se haya suprimido el Impuesto de Actividades Económicas, pues se manifiesta defensor de su mantenimiento.

Suárez ha querido después explicar la distribución por territorios de las transferencias de capital del Estado, que es la siguiente:

Tal y como puede verse, las transferencias han aumentado en régimenes forales, con régimen fiscal propio, así como en Canarias, que también tiene un régimen fiscal especial. Es decir, territorios que se supone tienen una financiación extra. Según el ponente, esto sólo se puede explicar por dos cosas:

.- O bien porque los que más transferencias reciben son los que más derrochan, o porque se infrafinancia al resto.

Javier ha manifestado que los ayuntamientos ya estaban endeudados antes de la crisis, aunque la situación ha empeorado, debido sobre todo a la reducción de ingresos por la caida de la actividad inmobiliaria. Ha añadido que ahora además los ayuntamientos tienen que devolver dinero al Estado, y encima son malos tiempos para aumentar la presión fiscal.

El ponente ha afirmado, por otra parte, que no se conoce realmente la deuda total, sólo conocemos la que se publica, pero no la del “cajón”. Ha afirmado también que las entidades locales están externalizando deuda a través de sus múltiples organismos paralelos, así como se ha preguntado si el Gobierno central y los autonómicos deben salir al rescate de los ayuntamientos endeudados, concluyendo que no se puede hacer un plan de rescate como el que se hizo en la transición, o al menos, si se hace, debería diferenciarse entre los ayuntamientos que tienen poca capacidad fiscal, los que la tienen pero no tienen voluntad de aumentar la presión fiscal de sus futuros “votantes”, y los que tienen capacidad fiscal, sus ciudadanos pagan muchos impuestos, y aun así están muy endeudados.

Por otra parte, Mercedes Fuertes también ha aludido a la multiplicación de organizaciones locales y el exceso de externalización de servicios, de forma que hay ayuntamientos que son verdaderos “fantasmas”. La ponente reivindica las oposiciones para que el político de turno no pueda incorporar a sus anchas a personal de confianza.

En tercer lugar, ha centrado su intervención en el mapa local español. Ha dicho que hay más de ocho mil ayuntamientos en toda españa y que hay que preguntarse si prestan servicios realmente a los ciudadanos. Ella cree que no. Ha añadido que el sesenta por ciento de esos ayuntamientos tiene menos de mil habitantes, casi siete mil tienen menos de cinco mil y sólo mil trescientos cuatro tienen más de cinco mil.

Para Mercedes Fuertes lo oportuno y razonable es unificar ayuntamientos, para lo que está señalado el camino desde 1985. Señala que en España, a diferencia de otros países europeos, no ha tenido lugar todavía ese proceso de unificación.

Fuertes indica que ya hay más de mil mancomunidades, que dos tercios de los municipios están mancomunados, por lo que se pregunta por qué no se integran definitivamente. En su opinión, ésto no ocurre porque se identifica pueblo con la organización y porque de llevarse a cabo se reduciría el número de concejales, con lo que eso conlleva de pérdida de poder.

Si se salvan estos dos obstáculos, según la ponente, se podrá afrontar un proceso que debe comenzarse conociendo la organización  territorial de cada comunidad autónoma, para después identificar a las mancomunidades que existen y ver si pueden aprovecharse para la unificación. Posteriormente, se daría un plazo de dos años para que voluntariamente los municipios se pudieran fusionar, obligándoles a ello de no producirse en el plazo concedido.

En este sentido hay una Directiva y dos normas estatales que pretenden eliminar obstáculos a la libre prestación de servicios y el libre establecimiento de empresas. Ello supone que las entidades locales deben modificar sus ordenanzas, aunque antes habría que modificar las normas autonómicas, para eliminar autorizaciones y licencias previas, salvo casos en los que estén justificadas por necesidad imperiosa de atender al interés general.

Lo que se pretende con ello es agilizar los procedimientos administrativos, suprimiendo trámites previos y dejando que el control se efectúe a posteriori.

Los ayuntamientos, por tanto, primero tienen que ver que ordenanzas se ven afectadas y deben modificarse. Esto genera, en su opinión, cierta inseguridad jurídica, porque es el ayuntamiento el que decide las ordenanzas a modificar.

El ponente ha comenzado aclarando que su intervención no iba a ser catastrofista, ya que no es verdad que el sector público en España sea desastroso. Aunque sí es susceptible de mejorar – ha dicho-, y ahí es donde en su opinión nos encontramos con el problema de que hay personas que no quieren que cambie. Para Alberto Gil, en ocasiones el problema es de la cultura del país, de las personas, y no de que el sector público sea malo por sistema. “El Estado Autonómico debe demostrar su eficacia con hechos y si no, debe ser cambiado, debe ponerse al servicio del ciudadano y funcionar con eficacia y eficiencia” ha manifestado.

Gil Ibañez ha señalado cinco excesos del sector público español y cinco carencias:

EXCESOS:

1.- Duplicidades.

Ejemplos:

Las televisiones públicas autonómicas tienen una deuda de mil doscientos millones de euros, sin contar subvenciones.

Embajadas y delegaciones en el extranjero. En Miami, por ejemplo, hay siete delegaciones de comunidades autónomas. La pregunta es ¿son útiles?.

Cooperación Internacional. Aquí todo el mundo coopera: ayuntamientos, Estado, comunidades autónomas, pero lo importante no es la cantidad, sino la eficacia.

Observatorios públicos. Hay trescientos en todo el país.

2.- Gastos redundantes.

Ejemplos:

Subvenciones e inversiones clientelares o electorales. Por ejemplo la traducción simultánea en el Senado, la externalización de informes, etc.

Obras innecesarias. En España hay cuarenta y siete aeropuertos de los que sólo nueve son rentables.

3.- La multiplicación de normas.

En España hay cien mil normas vigentes. Hoy conocemos un estudio del Instituto de Empresa en el que se concluye que a mayor regulación, menos iniciativa privada y competitividad.

4.- La multiplicación de organizaciones.

Los tres niveles administrativos: estatal, autonómico y local, se han subdividido en muchos otros. El Estado, por ejemplo, cuenta con 150 organizaciones en el sector público administrativo y 327 en el sector público estatal no administrativo. Las comunidades autónomas cuentan en total con 2.181 entidades dependientes, de las cuales el 30% son consorcios. Cataluña y Andalucía están a la cabeza en este sentido. Y finalmente tenemos el ámbito local, con un número también considerable de organizaciones dependientes, además de la administración consultiva, de control y reglamentaria, como la Justicia, Defensor del Pueblo, etc.

El ponente subraya que la excusa para la creación de todas estas organizaciones es la misma en todos los casos, y es la de salir del corsé del sector público al sector privado, donde no hay control, lo que conlleva por tanto un mayor déficit. Lo preocupante, según indica el ponente, es que este exceso no ha tenido coste electoral alguno y además sigue produciéndose, pues después del acuerdo de 30 de abril de 2010 sobre la racionalización de la Administración General del Estado se han creado nuevos organismos. Para Gil Ibáñez, este tipo de medidas que plantean recortes deben tener detrás un plan estratégico y además es necesario adoptar otras decisiones como la creación de un registro único de entidades, para evitar justamente las duplicidades.

5.- Coste de personal.

El ponente considera que los salarios de los funcionarios no debían haberse recortado, sino que se deberían haber congelado cuando comenzó la crisis. Quizá, ha indicado, haya que recortar los sueldos de los funcionarios, pero hay que preguntarse cómo y dónde, así como también hay que preguntarse si queremos una Administración profesional o clientelar. Para concluir, cree necesarias medidas como la fijación de máximos y mínimos para cada escala o la eliminación de la externalización, y recuerda que la factura del Estado, así como la de los ayuntamientos, ha aumentado en altos cargos y personal eventual, y ha disminuido en empleo público.

CARENCIAS

1.- Hay que introducir algún sistema de EVALUACIÓN; uno de comparación de organizaciones (hay que seguir el modelo del que lo hace mejor con la menor inversión), otro de evaluación del rendimiento, y por último uno de evaluación del desempeño del trabajo.

2.- Hay que crear una POLÍTICA DE DIRECTIVOS PÚBLICOS, de la cual se carece en España. El fin es asegurarnos de que el puesto del directivo público no depende del capricho del político de turno

3.- Hay que contar con BUENOS DIRIGENTES POLÍTICOS que lleven a cabo las reformas que no han querido ejecutar los actuales y que hagan que España funcione.

2.- Robustecer la figura de los interventores de fondos públicos.

3.- Recuperar la plena funcionalidad del cuerpo de secretarios de ayuntamiento.

4.- Hay que aplicar la inhabilitación del cargo público cuando reiteradamente se anulan sus decisiones.

5.- Poner límite al personal eventual. Primero se les contrata y luego se les da responsbilidades, cuando su función debería ser únicamente de asesoramiento y confianza.

6.- Limitar los puestos designados a personal laboral.

7.- Aprobar ley de armonización en urbanismo.

8.- Legitimación de la Fiscalía. Hay áreas en las que la Fiscalía no está legitimada para actuar, como en contratación.

9.-En cuanto a las sentencias definitivas, pasan demasiados años para que se dicten en algunos casos (Marbella), por lo que deben ejecutarse las sentencias que se dicen en primera instancia.

10.- La Justicia debe ser el ejemplo

Al igual que el primero de nuestros intervinientes, J.Ramón Chaves García ha empezando analizando los factores que intervienen en la corrupción. En su opinión, está el factor personal, social e institucional.

A continuación pasa a enumerar las dimensiones del “teatro de la corrupción”, señalando en primer lugar el mito de la condición humana y presunción de buena fe y honestidad de los cargos públicos, la coartada de la discrecionalidad (el nucleo duro de la mayoría de casos de corrupción) en segundo lugar, en tercero el refugio o lo que se llama la potestad de autoorganización y autonomía, en cuarto lugar la ocasión (la huída del Derecho Administrativo), y en quinto la impunidad.

En el ámbito de la lucha jurídica contra la corrupción, Chaves García trae a colación a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, reivindica el papel importante de las denuncias anónimas, y el robustecimiento de la vía penal.

Para concluir, el ponente cree necesario tomar algunas medidas para prevenir la corrupción como la reforma del Estatuto Básico del funcionariado, de julio de 2007, inhabilitar a los responsables de los contratos ilegales, que el Estado dicte una ley de armonización o devuelva las competencias de planeamiento urbanístico que ahora tienen los ayuntamientos a las comunidades autónomas, y robustecer a los funcionarios del Estado.

Arias subraya que internet ha ayudado enórmemente a aumentar la transparencia de las administraciones públicas. Como ejemplos, enumera la creación del perfil del contratante, donde el futuro contratista que quiere contratar con la Administración tiene en un “click” todos los datos, y el Registro oficial de Licitadores, a través del cual un miembro de una mesa de licitación puede consultar vía telemática la prueba fácil de la capacidad.

En el área de urbanismo, un ejemplo es el de la web del Ayuntamiento de Gijón, en la que hay información clara y precisa sobre, entre otras cosas, los planes de ordenación urbana.

Para Antonio Arias, el ámbito en el que debe profundizarse más en la transparencia es en el de la rendición de cuentas al ciudadano. La web del Plan E, en la que se puede ver en qué se ha gastado el dinero en todos los municipios de España, es para él un ejemplo de lo anterior. El nuevo Presidente de Reino Unido también ha iniciado un proyecto muy ambicioso en el que todos los ayuntamientos deben publicar sus cuentas en internet. El proyecto de Obama, en un plan parecido al Plan E, también es ejemplar, pues no sólo permite conocer en qué se ha gastado, sino que también permite preguntar por email todo tipo de detalles.

el Auditor y Síndico de Cuentas dice que el mayor nivel de transparencia es el de los paises nórdicos. Destaca que en Noruega todos pueden ver por internet los datos fiscales de los otros. También señala como ejemplar al Auditor General de Canadá, que publica en su web todos sus gastos, indicando detalles como las personas con las que ha comido, el lugar al que realiza un viaje, etc. Pero no hay que irse tan lejos, Antonio asegura que Portugal cuenta con un Consejo de Prevención integrado en el Tribunal de Cuentas, y los organismos y empresas públicas deben tener un plan de prevención de la corrupción.

Como conclusión, el ponente concluye que en España hay zonas opacas, como en el caso de las cuentas de la Casa Real, las Cortes Generales, el propio Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, comunidades autónomas, etc,.En todas ellas no hay una fiscalización externa.

Corrupción, transparencia y democracia. El control de los ciudadanos sobre la política

Intervinientes: José Ramón CHáves García, Antonio Arias, Fernando Jiménez Sánchez

Presenta y modera Pilar López Marco

Fernando Jiménez Sánchez habla de las causas de la corrupción, e indica que ésta se ha visto relacionada con tres ámbitos concretos: Contratación, urbanismo y financiación de partidos.

Según su opinión, hacen falta tres tipos de factores para que se de la corrupción. Hay factores estructurales que dificilmente se pueden evitar, a diferencia de otros factores culturales, el nivel de de tolerancia entre los ciudadanos es un incentivo para la corrupción, y factores institucionales, que son aquellos que se producen por el funcionamiento defectuoso de los órganos de control que limitan el poder discrecional de los poderes públicos.

Jiménez Sánchez matiza el factor cultural en el caso español, ya que si bien es cierto que los ciudadanos expresan en las encuestas que mayoritariamente no sienten que deban hacer nada contra la corrupción, también manifiestan consideraciones bastante sorprendentes, como por ejemplo que muchos entienden que democracia es un sistema judicial que trate a todos por igual. Por ello considera que lo que ocurre en España es que hay una gran diferencia entre el ideal de democracia de los españoles y las expectativas que tienen de los poderes públicos, del ejercicio del poder por parte de los partidos políticos que llegan a las instituciones.

La clave – indica-, no está en hacer una revolución moral, sino realizar reformas estructurales que reduzcan la impunidad, aumenten el casito a los corruptos, reduzcan la sensación de impunidad, acaben con la financiación irregular de los partidos políticos, etc.